Las Bibliotecas populares argentinas resisten a la degradación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) impuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 345/2025 (publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo), que establece una reforma estructural del organismo centenario y elimina la autonomía institucional y financiera, transfiriendo sus funciones a la órbita directa de la Secretaría de Cultura.
Las más de 1500 bibliotecas populares del país denuncian la inconstitucionalidad del decreto y exigen al Congreso de la Nación su rechazo y a la Justicia Federal una medida cautelar para ponerle freno.
En la sesión especial realizada este miércoles en la Cámara baja, se esperaba el tratamiento del Decreto de Facultades Delegadas 345/25, puesto en consideración por solicitud del diputado nacional de Unión por la Patria, Germán Martínez y su colega Ana Carolina Gaillard de Entre Ríos, quien presentó un proyecto de rechazo al Decreto Delegado 345 para derogarlo, por inválido, porque disuelve de manera encubierta al Instituto Nacional del Teatro y a la CONABIP, entre otros organismos históricos.
No obstante, aunque Gaillard pidió que “se vote el apartamiento de reglamento y que se trate sobre tablas el rechazo al decreto delegado 351 y 345/2025”, el tema no fue incluido en la sesión de este miércoles, que fue levantada.
“Creemos que es necesario que las bibliotecas populares gocen de autonomía para que los fondos lleguen a cada una de las más de 1500 bibliotecas que hay en todo el país”, dijo la diputada de Unión por la Patria en la sesión.
Y recordó que “el dictado de este decreto delegado fue posible porque en esta Cámara se votó la Ley Bases y le habilitaron al Presidente de la Nación un montón de facultades para que pueda disolver estos institutos o desmantelar organismos”.
Otro de los proyectos para rechazar el decreto 345 fue presentado por la diputada Margarita Stolbizer, del Partido Socialdemócrata de Argentina.
La CONABIP fue creada en 1870, hace 155 años, por iniciativa del presidente Domingo F. Sarmiento, mediante la Ley Nº 419, y consolidada a lo largo de los siglos XX y XXI como estructura estatal para garantizar el acceso federal y democrático a la lectura y la cultura. La Ley 23.351 de 1986 institucionalizó un modelo de gestión asociativa entre el Estado y las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil. Fue un modelo pionero, y actualmente más de 1.500 bibliotecas en todo el país integran este sistema, alcanzando a más de 4 millones de personas con el trabajo de más de 30.000 voluntarios.
El martes 22 de junio, las bibliotecas populares demandaron colectivamente la inconstitucionalidad del Decreto ante la Justicia Federal, por iniciativa de la Biblioteca Popular Tupac Amaru Infantil y Juvenil del barrio Villa Castells, de La Plata.
En el escrito, patrocinado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, solicitaron una medida cautelar para frenar los efectos del decreto 345/2025 que generan los artículos 2, 8, 9, 10 y 20.
Según la demanda, la norma vulnera la Constitución Nacional, desconoce el derecho colectivo a participar en la vida cultural y desmantela el modelo federal de gestión que rige desde hace décadas en la CONABIP.
En el escrito, advirtieron que “el Decreto no solo excede las facultades delegadas por el Congreso en la Ley Bases —que expresamente excluye a los organismos culturales—, sino que además incurre en regresividad institucional, violando artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales”.
“La presentación que hicimos desde la BP Tupac Amaru es una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto 345 y es colectiva en el sentido de que, si bien la presentamos nosotras, en caso de que salga favorable y que salga la cautelar, corre para todas las bibliotecas. Nosotros ahí tenemos mucha expectativa”, dijo a Señalador una de las integrantes históricas de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Tupac Amaru Infantil y Juvenil, Irma Trímboli.
Respecto a los tiempos de respuesta de la Justicia, y los próximos pasos, la referente contó que la cautelar puede salir en los próximos 15 a 30 días hábiles desde el 22 de junio, la fecha de presentación de la demanda.
“Estamos expectantes y haciendo actividades, visibilizando, contándole al barrio lo que está pasando, cada biblioteca va encontrando su metodología en un contexto donde no es fácil ocupar el espacio público”, agregó la referente.
Y puntualizó: “Pareciera que todo es para que cierren las cuentas y, si bien no adherimos a ese concepto, puntualmente en el caso de la Conabip ese argumento también es mentiroso, porque la Conabip no recibe partidas del presupuesto nacional, sino que se fondea con una parte de lo que es el impuesto al juego, tiene representación federal, o sea, hay diversidad política allí. Es un espacio democrático, de construcción de consensos que toma las decisiones de este dinero con el que se sostienen las bibliotecas”.
En la biblioteca popular Tupac Amaru no solo realizan préstamos de libros, sino también talleres de todo tipo: desde programación, música, narración, hasta ayuda escolar. Además, son parte de la mesa barrial y alumnos de distintas carreras y universidades transitan por la biblioteca; y hacen ferias de ciencia, campañas de vacunación, entre otras iniciativas.
“Las bibliotecas pagamos luz, internet, compramos libros, merienda, materiales de plástica, todo eso se compra con este tipo de fondos y eso es lo que está en riesgo”, advirtió Trímboli y recordó que “las bibliotecas populares cumplieron siempre un rol muy importante para la educación de nuestro país”.
En ese sentido, explicó como ejemplo que “si bien en el centro de la ciudad hay bibliotecas grandes e importantes, para muchos vecinos y vecinas, niños y niñas simbólicamente queda muy lejos y la que está es la biblioteca del barrio. Mucha gente no sale del barrio y son estos los espacios a los que acceden. También, en muchos pueblos, la biblioteca popular es la única biblioteca, no hay otra”.
“Lo que está haciendo el Gobierno es un golpe muy importante a la historia de nuestro país, a cómo hemos construido la identidad cultural que tenemos, porque parte de la identidad cultural de nuestro pueblo ha pasado por las bibliotecas populares y la biblioteca es mucho más que el libro que pasa de mano en mano: son libros para leernos y encender preguntas, para compartir y pensar el barrio, pensar los problemas que tenemos y pensar las estrategias y soluciones”, concluyó la referente.
En la misma línea se expresó en diálogo con Señalador el médico y jubilado Fernando Armas, integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Dr. Alfredo Franzini Herrera, ubicada en Barrio Parque de la ciudad de Rosario, donde el sábado 5 de julio a las 10.30 realizarán una jornada de apoyo a la Conabip, que consistirá en una charla informativa acerca del estado de situación y junta firmas en la vía pública.
“El paso que está dando el Gobierno nacional está de alguna manera derogando con el decreto 345 la financiación por parte de la Conabip a las bibliotecas populares. Este es un detalle importante, por eso hacemos una charla, porque la gente no entiende muy bien que la Conabip siga existiendo, pero que, a partir del decreto, está degradada”, explicó el referente cultural rosarino.
Y puntualizó: “Con el decreto el presupuesto de la Conabip va a ser decidido cada año arbitrariamente por el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual nosotros no sabemos si en el 2026 habrá subsidios o no, y qué monto será. Esto afecta la perspectiva y las posibilidades de desarrollo de la biblioteca popular”.
La biblioteca rosarina también combina su actividad con talleres variados ligados a la cultura como cómics, pintura, espacio lúdico, yoga, cerámica, música.
“De alguna manera los talleres, dados los subsidios relativamente bajos que recibimos de la municipalidad, la provincia y especialmente de la Conabip, nos permiten mantener la biblioteca, porque una biblioteca popular a diferencia de una biblioteca estatal, no tiene un carácter mantenido por el Estado, es una instancia autoconvocada de los propios vecinos de un barrio. Nuestra biblioteca, de hecho, se fundó en 1928, estamos próximos a cumplir 100 años y como todas las bibliotecas populares partimos de la ley Sarmiento de 1870, que funda la CONABIP”, detalló Armas. Y concluyó: “Al degradar la Conabip, deja de tener una autonomía, tanto en dinero como en capacidad e iniciativa y en contenidos, con lo cual va a ser simplemente una dirección de la Secretaría de Cultura que depende de Capital Humano”.
Diversas agrupaciones y asociaciones apoyaron el rechazo al decreto desde que se publicó en el boletín oficial, entre ellas la Unión de Escritoras y Escritores y La Cámara Argentina del Libro (CAL). También se manifestaron a favor de la Conabip ex ministros y secretarios de Cultura de distintos signos políticos.
Señalador 